sábado, septiembre 13, 2014

Los registros magnetofónicos en el ATC. Su resguardo.

Observando la doctrina, normativa y jurisprudencia existente al respecto de los accidentes aéreos y su investigación en Argentina me surgen algunos interrogantes.
 
Ya hemos superado la etapa en que la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) recibiera la recurrente sospecha de ser juez y parte, ya que dependía de la Fuerza Aérea Argentina cuando esta,  a través de su Comando de Regiones Aéreas,  era la Autoridad Aeronáutica Competente del Estado Argentino,  y además prestaba los servicios de navegación aérea…es decir era prestador de servicios, auditor, Autoridad Aeronáutica y además…. investigaba los accidentes aéreos.
 
 
 
Ahora la Autoridad Aeronáutica es la ANAC, el prestador de servicios de navegación aérea es  la DGCTA, y la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil un ente dependiente del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación.
El Artículo 26 del Convenio de Aviación Civil Internacional  impone la obligación de investigar  un accidente aéreo cuando mediare “una muerte o lesión grave, o que se hubieren producido defectos técnicos en la aeronave o en las instalaciones y servicios para la navegación aérea”.
Para complementar, el Anexo 13 al Convenio de Aviación Civil Internacional establece las normas y métodos recomendados para la investigación y asigna la  responsabilidad de investigar un siniestro aeronáutico al estado donde acaece el suceso, debiendo permitir la participación de los estados de matrícula del explotador y de diseño y fabricación de la aeronave.
Para la normativa internacional y argentina, tanto el audio como la transcripción de las grabaciones poseen carácter de “Confidencial” (párrafo 5.12 del Anexo 13 de OACI, párrafo 13.35 del RAAC Parte 13 y párrafo 5.12 del RIAAC), “…a menos que las autoridades competentes en materia de administración de justicia de dicho Estado determinen que la divulgación de dicha información es más importante que las consecuencias adversas, a nivel nacional e internacional, que podría tener tal decisión para esa investigación o futuras investigaciones.” (Anexo 13).
En el mismo sentido, la Resolución  64/2013 de la JIAAC establece la confidencialidad de todas las declaraciones tomadas a las personas por esta Junta de Investigación en el curso de la investigación; todas las comunicaciones entre personas que hayan participado en la operación de la aeronave; la información de carácter médico o personal sobre personas implicadas en el accidente o incidente; las grabaciones de las conversaciones en el puesto de pilotaje y las transcripciones de las mismas; las grabaciones de las conversaciones en las dependencias de control de tránsito aéreo y las transcripciones de las mismas; las grabaciones de imágenes de abordo en el puesto de pilotaje y cualquier parte o transcripción de las mismas y las opiniones expresadas en el análisis de la información, incluida la información contenida en los registradores de vuelo. 
Ahora bien, a mi juicio,  claramente se habla en la normativa  aeronáutica argentina respecto a los FDR y CVR (ver Resolución 166 Artículo 4°, 18 de marzo de 2013, del Administrador de la ANAC), pero no lo suficiente respecto a los grabadores magnetofónicos o registradores de voz del ATC.
El Código Aeronáutico expresa que “Todo accidente de aviación será investigado por la autoridad aeronáutica para determinar sus causas y establecer las medidas tendientes a evitar su repetición” (art. 185).
El artículo 187 del Código  Aeronáutico Argentino dispone que cualquier remoción o liberación de la aeronave, sus elementos u objetos, sólo podrá practicarse con el consentimiento de la Autoridad Aeronáutica en materia de investigación de accidentes, que en Argentina es la JIAAC.
Es así que la JIAAC inicia de inmediato la investigación técnica del accidente.
El numeral 3.1 del Capítulo 3  Generalidades del Anexo 13  Convenio de Chicago de 1944, dice “el único objetivo de la investigación de accidentes o incidentes será la prevención de futuros accidentes e incidentes. El propósito de esta actividad no es determinar la culpa o la responsabilidad”.
Sin embargo también dice el Artículo 187 del Código Aeronáutico Argentino que “en caso de que el accidente esté vinculado con la comisión de hechos ilícitos, la intervención de la autoridad aeronáutica no impide la acción judicial ni la policial.”
Y es un hecho que los tribunales utilizan al igual que los representantes legales de  las víctimas y sus derechohabientes,  los informes técnicos de la JIAAC y las evidencias recogidas para discernir responsabilidades civiles y penales, asignar culpas y aplicar o solicitar la aplicación de sanciones, en oposición a lo establecido por el Anexo 13.
La investigación técnica de un accidente llega a trascender su objeto preventivo y nutre al sistema judicial dando una versión de cómo sucedieron los hechos, cuál fue su encadenamiento y define las causas del accidente.
Es decir que aunque no sea su objeto, termina contribuyendo a calificar las conductas de quienes participaron en la cadena de sucesos que hace acaecer el accidente, y es la hoja de ruta de jueces y querellantes para fijar la compensación por daños y las responsabilidades de los sujetos de derecho involucrados.
Al constituir  elementos de prueba (reales o potenciales), las grabaciones magnetofónicas del ATC (grabadores de comunicaciones y teléfonos de coordinación de torres de control, centros de control de área, etc.)  deberían necesariamente ser puestos a  salvo de una de sus grandes amenazas… el interés de las partes.
El funcionario  interviniente debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar que los elementos materiales de prueba sean alterados, ocultados o destruidos.
Si la cadena de custodia se vulnera, todo se invalida. La cadena de custodia es el procedimiento que garantiza la autenticidad de los elementos materiales de prueba recolectados y examinados, asegurando que pertenecen al caso investigado, sin confusión, adulteración o sustracción.
Por supuesto que si el accidente provocó muerte, lesiones, daños a terceros…el funcionario interviniente será un funcionario judicial.
Los interrogantes que se plantean pueden ser:
                                                                          a) ¿Debe tener el personal ATC acceso al lugar físico de emplazamiento de estos registradores magnetofónicos?
                                                                            b) ¿Puede ser el personal ATC quién manipule y acceda a estos registradores?                                        
En mi opinión no debería el personal ATC tener acceso a los grabadores magnetofónicos, ni manipularlos de ningún modo, ni mucho menos hacer la transcripción de los registros de un accidente o incidente. Como tampoco los audios deberían ser cortados, o editados ni las transcripciones realizadas personal que no pertenezca al equipo de investigación técnica de la JIAAC.
Cuando interviene la autoridad judicial es atendible la doctrina que expresa: “La cadena de custodia de la prueba, encuentra su fundamento en el resguardo de la garantía al debido proceso. Es el procedimiento controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados con el delito, desde su localización, hasta su valoración por los encargados de administrar justicia, y que tiene como fin no viciar el manejo [que de] ellos se haga, y así evitar alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones […] La custodia debe garantizar al juzgador que la evidencia física que se presenta en el juicio, es la misma que se recolectó en el sitio del suceso; que no ha sido alterada, cambiada o destruida.”
Para finalizar, voy a citar textualmente  parte de los considerandos aportados por el denunciante al Consejo de la Magistratura en el expediente 99/04, caratulado "Badessich Andrés Juan c/ Titular del Juzgado Federal de Santa Rosa Dr. Zabala Pedro Vicente", quién pedía la remoción de este Juez Federal por Prevaricato y mal desempeño de sus funciones por desconocimiento del derecho, en la investigación de un accidente aéreo ocurrido en Santa Rosa en el año 1999 (no en el mismo aeropuerto Santa Rosa, pero si en un aeródromo público dentro de su CTR): 
                                                             "Respecto a la desaparición de la cinta magnetofónica en poder de la Fuerza Aérea, conteniendo el registro de voces de la conversación mantenida entre el personal de controladores de la Torre de Control del Aeropuerto de "Santa Rosa" y el piloto de la aeronave durante la operación previa a que ocurriera la fatal colisión, expresando que la cinta se encontraban en poder de la autoridad de aplicación. Al requerirse judicialmente la cinta se contestó que la misma había sido regrabada, contrariando el reglamento que dice que en caso de accidente ésta se debe conservar. Sin embargo el magistrado nada dijo ni investigó la desaparición de la cinta ni se imprimió ningún trámite a la causa (fs. 127/128)."
“…Asimismo refiere que al perito le resulta inexplicable la destrucción de la cinta magnetofónica que contenía toda las grabaciones entre la Torre de Control del Aeropuerto de Santa Rosa y los pilotos que operaron ese día, porque resulta de vital importancia, conocer la conversación mantenida entre el piloto y el controlador de tránsito aéreo de la Torre de Control….” “…Que resulta inadmisible que se disponga apresuradamente el sobreseimiento sin agotar la investigación (fs. 125).
“Expresa el denunciante que no puede tampoco silenciar graves anomalías nacidas con posterioridad al accidente (fs. 125 vta.) :
. El inexplicable abandono por parte del juez del impulso procesal de la causa Nº 11463/00 y referido a la sustracción o destrucción de la cinta magnetofónica.”
Finalmente el Consejo de la Magistratura resuelve:
“SE RESUELVE:
1º) Desestimar el pedido de apertura del procedimiento de remoción del doctor Pedro Vicente Zabala, titular del Juzgado Federal de Santa Rosa, Provincia de La Pampa.
2º) Notificar al denunciante y al magistrado denunciado, y archivar las actuaciones.
Regístrese y notifíquese.
Firmado por ante mí, que doy fe.
Fdo.: Bindo B. Caviglione Fraga - Diana B. Conti - Abel Cornejo- Joaquín Pedro da Rocha - Nicolás A. Fernández - Juan C. Gemignani - Ricardo Gómez Diez - Claudio M. Kiper - Carlos M. Kunkel - Norberto Massoni - Eduardo D.E. Orio - Lino E. Palacio- Luis E. Pereira Duarte - Victoria P. Pérez Tognola – Humberto Quiroga Lavié - Marcela V. Rodríguez (en disidencia) - Federico
T. M. Storani (en disidencia) - Beinusz Szmukler (en disidencia) - Pablo G. Hirschmann (Secretario General).
El Juez Zabala falleció de una penosa enfermedad en 2013, de licencia por motivo de su dolencia, pero en funciones.
Los hechos referidos a la presunta desaparición de la cinta nunca fueron probados y quienes resultaron procesados fueron sobreseídos, al igual que  fue desestimado el pedido de apertura del procedimiento de remoción del Juez  Zabala por el Consejo de la Magistratura.
El accidente ocurrió durante el despegue. Hasta donde yo conozco no hubo comunicación entre la torre de control Santa Rosa y la aeronave en los momentos previos a esa operación de despegue ni durante el mismo (se accidentó colisionando contra una plantación de eucaliptus durante el fallido ascenso inicial post despegue).
Es probable que no existiera comunicación alguna porque,  primero,  con el equipamiento de comunicaciones existente entonces en la torre de control era imposible escuchar el llamado de una aeronave desde el nivel de la pista del aeródromo sin servicios de tránsito aéreo distante a 4 millas, desde donde despegó.
Además, la aeronave podía despegar y volar dentro del ATZ publicado de ese aeródromo sin necesidad de un permiso de tránsito de la torre de control Santa Rosa, por lo que generalmente se comunicaban una vez despegados antes de superar los 500 pies para solicitar un permiso para volar en la CTR y el TMA Santa Rosa. Colisionó con los árboles antes de llegar a esa altitud.
Entonces…¿ qué generó la controversia por la grabación?
Todo indica que fue precisamente el error cometido respecto a la custodia de la prueba.
La JIAAC no secuestró la cinta. No había comunicación registrada de los momentos previos inmediatos al accidente, y la cinta fue “liberada” y puesta en secuencia ordinal para ser utilizada nuevamente en los grabadores magnetofónicos de torre…es decir regrabada borrando todo lo anteriormente registrado.
Pero los tiempos de la justicia no son los mismos que a veces presuponemos….y cuando la prueba es requerida judicialmente, a veces dos años después….ya no está.
El accidente en cuestión, fue uno de los presentados detalladamente en la película Fuerza Aérea Sociedad Anónima.
Este accidente generó hasta un nuevo certificado de idoneidad aeronáutica: la licencia de Jefe de Aeródromo Sin Servicios de Tránsito Aéreo.
¡Qué importantes las grabaciones magnetofónicas del control de tránsito aéreo!
¿No les parece?